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Edgardo Depetri - Diputado Nacional
Economía
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3º Congreso Frente Transversal NyP
Diputada provincial, Sandra Cruz
1 Comisión Juventud
2 Comisión de Genero
3 Comisión Políticas Sociales
4 Comisión Educacion / Cultura
5 Comision: Prensa - Comunicación y Formación
6 Comisión: Trabajo y Producción
7 Comisiones D.D.H.H. - Pueblos Originarios y Migrantes
8 Comisión: Rol del Estado
9 Comisión: Construcción de la Unidad Popular.
10 Comisión relaciones internacionales
“No se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; eso es una concesión. Es la Universidad del pueblo; es el pueblo en su Universidad” Jorge Taiana, mayo de 1973
Ante la crisis de un Estado destruido a partir de la dictadura militar y la entrega menemista, perforado profundamente en su legitimidad social, cuestionado duramente en diciembre de 2001, y mellado en cada uno de sus niveles, los sectores populares pusieron de manifiesto su capacidad y su potencialidad creativa ante la crisis a través de la organización social.
Muestra cabal fueron las fábricas y empresas recuperadas, la búsqueda de soluciones solidarias ante situaciones críticas como los comedores populares, la organización de los trabajadores desocupados, los jardines comunitarios, etc. La Universidad –salvo en casos aislados- no estuvo a la altura de las circunstancias.
La falta de articulación entre las demandas sociales, económicas y culturales reales de nuestro país (pobreza, desigualdad, concentración de la renta, atraso industrial, dependencia tecnológica, dependencia cultural, dependencia financiera, etc.) y los fines y prácticas concretas de la Universidad, muestran una de las principales características de la crisis de la educación superior actual.
En palabras de Daniel Filmus, la Universidad debe reconstruir su sentido y superar las tensiones entre excelencia académica y responsabilidad social.
La Universidad debe recuperar su rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad que la sostiene .En este sentido, entendemos que la búsqueda de áreas de trabajo debe darse a través de una doble articulación: con las políticas públicas y con las organizaciones sociales.
Es urgente que el país profundo, muchas veces olvidado, se constituya en el objeto de preocupación para las Universidades Nacionales y para los profesionales que de ellas egresan. Y la participación popular para encaminarse en este sentido resulta no sólo fundamental sino que es un imperativo.
La Universidad pública debe concebirse como parte de los instrumentos con que el Estado cuenta para garantizar una efectiva redistribución de la riqueza.
La posibilidad que se nos presenta de debatir una nueva Ley de Educación Superior, debe ser aprovechada para dar este debate y en definitiva, discutir el marco jurídico para desarrollar un nuevo proyecto que convoque al protagonismo de docentes, estudiantes, graduados y no docentes, tanto como al resto de la sociedad, cada uno expresando sus ideas y propuestas desde sus distintos canales de representación, pero sin perder de vista la centralidad de la discusión: cómo pueden contribuir las instituciones universitarias a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población.
Nuestro aporte para trabajar en la reconstrucción de un Estado que nos contenga a todos como herramienta del Proyecto Nacional en marcha implica por una parte la democratización del Estado y por otra, tomar al Estado como herramienta de democratización en el camino de la reconstrucción del movimiento nacional y popular de liberación de nuestro pueblo
Esto se traduce en lo universitario en:
• resignificar los saberes en el intercambio para enriquecer el proceso de producción de conocimiento en un ida y vuelta dinámico y comprometido.
• democratizar los espacios institucionales, reinstalando valores ligados a la equidad y participación para poder transformar el sentido de las políticas públicas.
• Consolidar las prácticas participativas del movimiento popular a través de las organizaciones sociales.
La verdadera democratización de la universidad está en relación con la construcción de un sistema nacional de educación superior con calidad, equidad y pertinencia social en el marco de un proyecto de país inserto en el escenario latinoamericano. El mantenimiento y mejora de la calidad va indisolublemente unido al de su pertinencia social, que se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentidos que se producen objetivamente en la sociedad de su entorno.
Autonomía, autarquía y financiamiento: Se debe garantizar explícitamente la gratuidad y establecer la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento financiero de la universidad pública
La asignación de los recursos debe ser el resultado de un debate marcadamente político que no debe darse solamente entre docentes, estudiantes o no docentes, sino que por el contrario, debe introducir a todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos que financian y dan sentido a la Universidad. De este debate debe surgir una planificación que en línea con las políticas públicas nacionales debe indicar claramente la contribución de las instituciones universitarias para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.
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