Más allá del ruido y la furia de su conquista de Iraq y de la campaña en contra de Irán, la potencia dominante está librando una guerra poco mencionada en otro continente: América Latina.

A través de testaferros, Washington pretende restaurar y reforzar el control político de un grupo privilegiado que se autodenomina clase media, para así endosarles a otros la responsabilidad del gobierno sicótico de Colombia y sus mafiosos por las masacres y el tráfico de drogas, y extinguir las esperanzas que los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia han hecho nacer entre las masas empobrecidas de América Latina.

“No se puede responder al terror con más terror”, dijo el presidente Hugo Chávez cuando los aviones de USA asesinaron a miles de civiles en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces está sentenciado. Pero como todas las encuestas han demostrado, hablaba por la gran mayoría de los seres humanos que han entendido que la “guerra contra el terror” es una cruzada de dominación.

Prácticamente solo entre los líderes nacionales que se enfrentaron a Bush, Chávez fue declarado enemigo, y sus planes de poner en marcha una democracia social independiente de USA, como una amenaza al dominio de Washington sobre América Latina.

“Todavía peor”, escribió James Petras, especialista en América Latina, “las políticas nacionalistas de Chávez representaban una alternativa en América Latina en esa época (2000-2003), cuando las insurrecciones y levantamientos populares y el colapso de los gobernantes pro USA (Argentina, Ecuador y Bolivia) aparecían constantemente en las primeras páginas de los diarios.”

Es imposible desestimar la amenaza que las “clases medias” de países que tienen abundancia de privilegios y de pobreza perciben en esta alternativa.

En Venezuela, sus “grotescas fantasías de hallarse bajo la férula de un brutal dictador comunista”, para citar a Petras, recuerdan la paranoia de la población blanca que apoyaba el régimen del apartheid en Sudáfrica. Como en Sudáfrica, el racismo abunda en Venezuela, donde a los pobres se les ignora, se les desprecia o se les menosprecia; en Caracas se refieren peyorativamente a Chávez, que es mestizo, como el “mono”. Estos insultos necios provienen no sólo de los muy ricos, protegidos por sus altas paredes en urbanizaciones llamadas Country Club, sino de quienes aspiran a serlo: gerentes medios, periodistas, relacionistas públicos, artistas, educadores y otros profesionales que se identifican con todo lo que tenga que ver con USA.

Los periodistas de radio, televisión y medios impresos han desempeñado un papel crucial, como lo reconoció uno de los generales que intentó derrocar a Chávez en 2002. “Nosotros teníamos un arma poderosa en nuestras manos: los medios“, dijo, “sin ellos no habríamos podido hacerlo”.

Muchas de estas personas se consideran liberales y tienen fácil acceso a periodistas extranjeros que se califican como “izquierdistas”. Esto no es sorpresa. Cuando Chávez fue elegido por primera vez en 1998, Venezuela no era una de las tiranías arquetípicas de América Latina, sino una democracia liberal que disfrutaba de ciertas libertades, manejada por y para una elite que había saqueado la riqueza petrolera y dejado las migajas para los millones de invisibles en los barrios.

Los dos principales partidos habían celebrado un acuerdo, conocido como Pacto de Punto Fijo, similar a la convergencia de los laboristas y los conservadores en Gran Bretaña, y de los republicanos y los demócratas en USA.

Para ellos, la idea de soberanía popular era y sigue siendo anatema. Examinemos, por ejemplo. la educación superior. En la elitista Universidad Central de Venezuela, institución “pública” financiada con fondos públicos, más del 90 por ciento de los estudiantes provienen de las clases alta y “media”.

Estos y otros estudiantes de las elites han sido infiltrados por grupos relacionados con la CIA y han recibido grandes elogios de liberales extranjeros por defender sus privilegios.

Con Colombia en la primera línea del frente, Chávez es el principal blanco de la guerra contra la democracia en América, y no es difícil entender por qué.

Una de las primeras medidas que tomó Chávez fue revitalizar la OPEP y lograr que el petróleo alcanzara precios récord, pero al mismo tiempo redujo el precio para los países más pobres del Caribe y América Central, usó la nueva riqueza de Venezuela para pagar deuda, especialmente la de Argentina, y expulsó al Fondo Monetario Internacional de un continente al que había tenido sometido. Ha logrado disminuir la pobreza a la mitad y aumentar el PIB de manera espectacular. Pero sobre todo, le ha dado a los pobres la confianza necesaria para creer que sus vidas mejorarán.

Lo irónico de todo esto es que, al contrario de Fidel Castro en Cuba, Chávez no representaba una verdadera amenaza para los ricos, que se han enriquecido aún más durante su gobierno.

Lo que ha hecho ha sido demostrar que una democracia social puede prosperar y extender los beneficios de la asistencia social a su población pobre, sin los extremos del “neoliberalismo”, una noción muy poco radical que el Partido Laborista británico adoptó en una época. Muchos venezolanos de a pie que no votaron en el referendo constitucional del año pasado, lo hicieron como protesta porque una democracia social “moderada” no es suficiente mientras los burócratas sigan siendo corruptos y las cloacas se desborden.

Al otro lado de la frontera, USA ha convertido a Colombia, el vecino de Venezuela, en el Israel de América Latina.

Al amparo del “Plan Colombia”, se han puesto más de 6 mil millones de dólares en armas, aviones, fuerzas especiales, mercenarios y logística, en las manos de algunos de los peores asesinos que habitan la tierra: los herederos del Chile de Pinochet y de las otras juntas militares que aterrorizaron a América Latina durante una generación, y sus muchas gestapos entrenadas en la Escuela de las Américas de Georgia. “No solo los enseñamos a torturar” me dijo un ex instructor usamericano, “los enseñamos a matar, asesinar, eliminar.”

Eso sigue siendo cierto en Colombia, donde organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchas otras han comprobado la existencia de terrorismo inspirado por el estado. En un estudio de 31.656 asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas ocurridos entre 1996 y 2006, la Comisión Colombiana de Juristas determinó que el 46% había sido asesinado por los escuadrones de la muerte de derecha y el 14% por las FARC.

Los paramilitares son responsables por la mayoría de los tres millones de desplazados internos.

La miseria es el producto de la supuesta “guerra contra las drogas”, cuyo propósito real es eliminar a las FARC. A ese objetivo se ha agregado ahora una guerra de desgaste contra las nuevas democracias populares, especialmente contra Venezuela.

Fuerzas especiales de USA “asesoran” al ejército colombiano para que cruce la frontera, asesine y secuestre ciudadanos venezolanos e infiltre paramilitares en ese país, para de esta forma someter a prueba la lealtad de la Fuerza Armada venezolana.

Lo mismo que hizo la CIA con la Contra en Honduras en la década de 1980 para derrocar el gobierno reformista de Nicaragua.

La derrota de las FARC se ve ahora como el preludio de un ataque frontal contra Venezuela, si las elites venezolanas, alentadas por la muy estrecha victoria que obtuvieron en el referendo el año pasado, amplían su base en las elecciones de gobernadores y alcaldes que se celebrarán en noviembre.

El hombre de USA y el Pinochet de Colombia es el presidente Alvaro Uribe. Un informe desclasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos fechado en 1991, reveló que Uribe había “trabajado para el Cartel de Medellín” y fue “amigo cercano de Pablo Escobar", uno de los barones del cartel de la droga.