El dirigente piquetero asumirá la próxima semana. Y dispondrá de un presupuesto de 276 millones de pesos anuales para resolver la problemática habitacional. Con semejante efectivo y cargo creado ad hoc, D’Elía también deberá enfrentar las especulaciones políticas que se cuecen fuera y dentro de la Casa Rosada.
La flamante subsecretaría no dependerá de Presidencia, como se pensó originariamente, sino del Ministerio de Planificación Federal. Se entiende como de conveniencia mutua. A De Vido le sirve para que la acumulación de poder iniciada tras la eyección de Roberto Lavagna termine consolidándose. Al titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), para eventualmente sortear al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con quien no hace buenas migas.
Es evidente: D’Elía tiene una excelente relación con De Vido. Y aquellos embates que preludiaron la salida del titular del Palacio de Hacienda (“no es para la nueva etapa del gobierno”, decía el piquetero) le resultaban funcionales al superministro de Kirchner.
La nueva estructura será el certificado de defunción del Plan Arraigo, un programa del Ministerio de Desarrollo que le permite a Héctor Metón regularizar la posición de títulos de tierras fiscales. Metón es un apellido desconocido para la mayoría de los mortales, pero no para su tutor político (y primo) Aníbal Fernández.
El ministro del Interior podrá tomar la baja de su hombre como un hecho circunstancial, ante la necesidad del Presidente de premiar a D’Elía, o como parte de la “cruzada purista” del Gobierno que intenta barrer con todo aquel que alguna vez fue tropa de Eduardo Duhalde, un título que también le cabe al ministro de Salud, Ginés González García.
La mala disposición de D’Elía con Fernández trasluce el interés del dirigente piquetero por apuntalar las posibilidades de Alberto Balestrini en la provincia de Buenos Aires. Para los desmemoriados: el ministro y el actual presidente de la Cámara de Diputados aspiran a convertirse en gobernador en 2007.
Vos sentate con José López y pónganse a trabajar ya con el tema de las viviendas -le dijo Kirchner a D’Elía en diciembre pasado, poco después de que expirara su mandato como diputado provincial.
López, además de secretario de Obras Públicas, es uno de los pocos funcionarios con acceso directo al despacho presidencial. Con él, D’Elía cerró trato sobre la competencia y el presupuesto del flamante organismo, que operaría la sede del Plan Arraigo, en Corrientes y Talcahuano, o en las ex oficinas que Aerolíneas Argentinas disponía sobre Paseo Colón.
En la subsecretaría habrá, obviamente, dirigentes de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) que conduce D’Elía. Pero también del Frente Transversal Nacional y Popular (FTNP), de Edgardo Depetri; el Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Miguel Bonasso; y la Federación Agraria Argentina (FAA), de Eduardo Buzzi.
Ya se decidieron los nombres para las tres áreas más importantes del organismo:
Rodolfo Córdoba, un histórico tesorero de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y hombre del FTNP, ocupará la Dirección de Logística.
Rubén Pascolini, un soldado de D’Elía en la FTV, se quedará con la Dirección Nacional de Hábitat Social, y el manejo de la mayoría del presupuesto: 216.000.000 de pesos.
José Rocha, también de la FTV, se hará cargo de la Comisión Nacional de Tierras y con una porción del presupuesto nada despreciable: 60.000.000 de pesos.
Sólo en la provincia de Buenos Aires, el déficit habitacional abarca a más de un millón de personas. En cooperación con el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), el piquetero no sólo buscará regularizar la situación de los habitantes de tierras ocupadas sino también elevar la calidad de vida del barrio con políticas de saneamiento y obras de infraestructura, como la instalación de redes de agua potable.
Está previsto, además, poner en práctica el Banco de Tierras creado por Kirchner. Esto es, hacer un ordenamiento del terreno fiscal que le permitirá al Gobierno responder a los sectores marginales.
Para su misión, D’Elía no precisará de ningún atajo legal: los bonaerenses ya tienen 146 leyes de expropiación sancionadas y nunca ejecutadas. Eso sí, gestionará ante el gobernador Felipe Solá un decreto para que los juicios por expropiación se paguen con bonos a 30 años. Se trata de una artilugio para forzar una mediación, que redunde en un menor desembolso del Estado y en donde el perjudicado se conforme, al menos, con cobrar antes y en efectivo.
El piquetero reimplantará, con algunos cambios, la Ley 24.374 de regularización dominal de 1994 cuyo autor fue el inefable Alberto Pierri. Esa norma convertía en propietario a quien ocupaba un terreno durante diez años, siempre y cuando no hubiera un reclamo de alguien que acreditara ser dueño.
A los suyos, D’Elía les transmitió épica. “Kirchner me distinguió como militante. Es un reconocimiento al sector social, a las viejas aspiraciones de (Enrique) Angelelli y Carlos Mugica.” Para los enemigos del piquetero, los dos decretos -el de la creación de la subsecretaría y el del nombramiento de su titular- responden a la lógica del poder, donde los apoyos se pagan y las traiciones se cobran.
Está claro en qué lugar se ubicó aquel que alguna vez denunció una campaña de desestabilización contra Kirchner, que hizo efectivo el boicot a la Shell reclamado por el Presidente, que fue un coronel de la avanzada contra el duhaldismo y que se animó a hablar de la “mafia” de los intendentes del conurbano.
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